sábado, 1 de octubre de 2016

Para que la Agencia de Vivienda Social escuche a las familias "desmanteladas"

El pasado lunes 26 de septiembre acudimos al encuentro de los responsables al frente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid: Isabel Pinilla, Directora Gerente, Estrella Sánchez, subdirectora general de administración, y Eusebio González, director del Área Social. Continuamos así la presentación de nuestros 5 Compromisos y 5 Garantías, esta vez ante una de las instituciones claves en el tema de la vivienda en nuestra región.

En un primer momento nos explicaron su labor, que es principalmente gestionar un patrimonio de mas de 24.000 viviendas, entre las cuales hay unas 300 o 400 que se rehabilitan y rotan cada año. Señalaron también que la adjudicación de viviendas la realiza la Dirección General de Vivienda y que no es responsabilidad suya, aunque sí que en los barrios de chabolas pendientes de realojo apoyan desde la Agencia costeando en una parte las viviendas y asumiendo posteriormente el seguimiento de las familias.

Esto nos llevó a entrar a hablar de una de las realidades que más nos preocupa actualmente, la de las familias del barrio de Las Sabinas, (Móstoles, Arroyomolinos) actualmente en proceso de “desmantelamiento” (de la administración escuchamos habitualmente este término, no tanto realojo. Parece que lo prioritario no es garantizar el derecho a la vivienda sino el hacer desaparecer determinadas realidades). Pusimos sobre la mesa lo que conocemos: que más de la mitad de las familias que allí viven no cumplen con los requisitos para el realojo (aunque a día de hoy no tienen ninguna información “oficial” acerca de si los cumplen o no) y no se les ofrece ninguna alternativa, que no se les ha informado de cuando se prevee que comenzará el desmantelamiento, que desde el mes de junio tienen el suministro eléctrico cortado y sólo se les han dado soluciones parciales y además muy caras para sus escasos ingresos (generadores que gastan entre 150-200 euros al mes en gasoil y que suponen entrono al 20%-50% de sus escasos ingresos)… Muchas de las cuestiones que planteamos quedaron sin respuesta, como por ejemplo: ¿Porqué se pide ahora más antigüedad de empadronamiento (8 años) que en otros realojos anteriores (2 años)? ¿Porqué no se cuenta con la población del barrio para buscar salidas a esta situación que sean realmente efectivas y garantistas con los derechos de todas las personas? ¿Porqué no incorporar de manera sistemática mediadores reconocidos como pares por los grupos realojados en vez de trabajadores sociales que son percibidos muchas veces más como policías que como un apoyo para la integración? La única respuesta que obtuvimos a estas interrogantes desde la Agencia de la Vivienda Social fue que el Ayuntamiento de Móstoles es el principal responsable, y que si éste estuviera de acuerdo se podrían revisar y modificar en una mesa conjunta los requisitos del convenio que hoy por hoy dejan a tantas familias fuera.

Porque la situación del barrio de las Sabinas nos hacía recordar otros realojos anteriores, como explicaba uno de los miembros de nuestro grupo, que tras quedarse fuera de uno de ellos lleva 15 años buscando una solución en relación a la vivienda sin haber encontrado más que barreras y puertas cerradas:

“Estoy sufriendo mucho con todo lo que se esta diciendo aquí. Ustedes lo ven pero no lo viven…  El realojo fue un desastre. Yo cumplía los requisitos, pero como todavía era menor y ya tenía pareja no nos reconocían. El contrato de mi madre se lo hicieron para ella y 4 menores. No tuvimos mas remedio que marcharnos con ella y estuvimos viviendo un tiempo. Se puso un educador familiar que lo único que hizo fue meterse en lo que era más allá de su función: cómo te tienes que vestir, relacionarte... Se metía con nosotros, decía que no teníamos que vivir allí. Al final tuvimos que abandonar la casa. Llevo años solicitando la vivienda… y nada.”

Al final del encuentro insistimos en que lo que buscamos es visibilizar estas realidades que existen y trabajar juntos por mejorar estos procesos gracias al conocimiento y la experiencia de quienes los han vivido. Pero desde la Agencia se nos dijo que esto no era necesario, que ellos ya tienen toda la información a través de sus profesionales y que hay mecanismos para que quien necesite una casa la tenga al cabo de un tiempo. Sin embargo conocemos muchos casos que demuestran que no es así. Eso es lo que nos empuja a seguir trabajando en esta línea de dialogar a partir de quienes están en una situación más difícil, para que no se siga dejando en los márgenes a tantas y tantas personas y familias.

“No estoy hablando de mi caso, sino de todas las personas que están viviendo en poblados chabolistas. Habrá que buscar una alternativa porque cuando todas esas personas se queden el la calle van a vivir lo mismo que yo.”

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