sábado, 1 de octubre de 2016

Para que la Agencia de Vivienda Social escuche a las familias "desmanteladas"

El pasado lunes 26 de septiembre acudimos al encuentro de los responsables al frente de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid: Isabel Pinilla, Directora Gerente, Estrella Sánchez, subdirectora general de administración, y Eusebio González, director del Área Social. Continuamos así la presentación de nuestros 5 Compromisos y 5 Garantías, esta vez ante una de las instituciones claves en el tema de la vivienda en nuestra región.

En un primer momento nos explicaron su labor, que es principalmente gestionar un patrimonio de mas de 24.000 viviendas, entre las cuales hay unas 300 o 400 que se rehabilitan y rotan cada año. Señalaron también que la adjudicación de viviendas la realiza la Dirección General de Vivienda y que no es responsabilidad suya, aunque sí que en los barrios de chabolas pendientes de realojo apoyan desde la Agencia costeando en una parte las viviendas y asumiendo posteriormente el seguimiento de las familias.

Esto nos llevó a entrar a hablar de una de las realidades que más nos preocupa actualmente, la de las familias del barrio de Las Sabinas, (Móstoles, Arroyomolinos) actualmente en proceso de “desmantelamiento” (de la administración escuchamos habitualmente este término, no tanto realojo. Parece que lo prioritario no es garantizar el derecho a la vivienda sino el hacer desaparecer determinadas realidades). Pusimos sobre la mesa lo que conocemos: que más de la mitad de las familias que allí viven no cumplen con los requisitos para el realojo (aunque a día de hoy no tienen ninguna información “oficial” acerca de si los cumplen o no) y no se les ofrece ninguna alternativa, que no se les ha informado de cuando se prevee que comenzará el desmantelamiento, que desde el mes de junio tienen el suministro eléctrico cortado y sólo se les han dado soluciones parciales y además muy caras para sus escasos ingresos (generadores que gastan entre 150-200 euros al mes en gasoil y que suponen entrono al 20%-50% de sus escasos ingresos)… Muchas de las cuestiones que planteamos quedaron sin respuesta, como por ejemplo: ¿Porqué se pide ahora más antigüedad de empadronamiento (8 años) que en otros realojos anteriores (2 años)? ¿Porqué no se cuenta con la población del barrio para buscar salidas a esta situación que sean realmente efectivas y garantistas con los derechos de todas las personas? ¿Porqué no incorporar de manera sistemática mediadores reconocidos como pares por los grupos realojados en vez de trabajadores sociales que son percibidos muchas veces más como policías que como un apoyo para la integración? La única respuesta que obtuvimos a estas interrogantes desde la Agencia de la Vivienda Social fue que el Ayuntamiento de Móstoles es el principal responsable, y que si éste estuviera de acuerdo se podrían revisar y modificar en una mesa conjunta los requisitos del convenio que hoy por hoy dejan a tantas familias fuera.

Porque la situación del barrio de las Sabinas nos hacía recordar otros realojos anteriores, como explicaba uno de los miembros de nuestro grupo, que tras quedarse fuera de uno de ellos lleva 15 años buscando una solución en relación a la vivienda sin haber encontrado más que barreras y puertas cerradas:

“Estoy sufriendo mucho con todo lo que se esta diciendo aquí. Ustedes lo ven pero no lo viven…  El realojo fue un desastre. Yo cumplía los requisitos, pero como todavía era menor y ya tenía pareja no nos reconocían. El contrato de mi madre se lo hicieron para ella y 4 menores. No tuvimos mas remedio que marcharnos con ella y estuvimos viviendo un tiempo. Se puso un educador familiar que lo único que hizo fue meterse en lo que era más allá de su función: cómo te tienes que vestir, relacionarte... Se metía con nosotros, decía que no teníamos que vivir allí. Al final tuvimos que abandonar la casa. Llevo años solicitando la vivienda… y nada.”

Al final del encuentro insistimos en que lo que buscamos es visibilizar estas realidades que existen y trabajar juntos por mejorar estos procesos gracias al conocimiento y la experiencia de quienes los han vivido. Pero desde la Agencia se nos dijo que esto no era necesario, que ellos ya tienen toda la información a través de sus profesionales y que hay mecanismos para que quien necesite una casa la tenga al cabo de un tiempo. Sin embargo conocemos muchos casos que demuestran que no es así. Eso es lo que nos empuja a seguir trabajando en esta línea de dialogar a partir de quienes están en una situación más difícil, para que no se siga dejando en los márgenes a tantas y tantas personas y familias.

“No estoy hablando de mi caso, sino de todas las personas que están viviendo en poblados chabolistas. Habrá que buscar una alternativa porque cuando todas esas personas se queden el la calle van a vivir lo mismo que yo.”

domingo, 26 de junio de 2016

Sin luces

El pasado día 20 a las 8:00 de la mañana, Iberdrola, sin previo aviso, dejó sin luz y sin agua a 100 familias del barrio “Rio Guadarrama - Las Sabinas”. Acompañados por un dispositivo de la guardia civil, cortaron la corriente, denunciaron a todas las familias de la zona y colocaron un dispositivo de vigilancia para que la comunidad no pudiera volver a engancharse a la luz. Las familias se enfrentan a multas que les podría suponer más de 1.000€ por vivienda, mientras que cuentan con unos ingresos de entre 300 y 500€ al mes.


Algunas personas del barrio que tenían máquinas de oxígeno tuvieron que irse a urgencias del hospital. Muchas familias tienen bebés para los que no podían calentar los biberones; tampoco podían hacer la comida; las bombas para sacar el agua de los pozos también dejaron de funcionar por lo que no podían lavarse, hasta los retretes dejaron de poderse utilizar. Según indican las familias, nunca se han negado a que les pongan contadores y a pagar los correspondientes recibos, pero siempre se les ha negado esta posibilidad, “ni siquiera nos dejan arreglar los caminos por nuestros propios medios”, dicen.

La compañia Iberdrola podría estar incurriendo en una vulneración de Derechos Humanos, ya que denegar el acceso a servicios básicos como la energía y el agua afecta directamente al bienestar de las familias, y se entendería por tanto que es una actuación en contra del articulo 25 de la Declaración de Derechos Humanos que sostiene que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Tras una reunión con el Ayuntamiento de Móstoles en el que éste accedió a enviar unos generadores de manera inmediata, cuando éstos llegaron cuatro días más tarde las familias se encontraron con que no se descargaban si no firmaban que se harían cargo del gasóleo. Se calcula que este gasto podría suponer 140€/mes por familia (mas del 25% de los ingresos de la mayoría), para tener energía para apenas 4 bombillas. En una reunión posterior con el director de Servicios Sociales, las familias solicitaron el pago por parte del ayuntamiento de al menos el 50% de los gastos del suministro. Así mismo, le trasladaron la conflictividad que suponía que un vecino del propio barrio tuviese que realizar la recaudación al resto de familias, ante lo cual se planteó la alternativa de que también Servicios Sociales se hiciese cargo de tal tarea.


Finalmente, el día 24 de junio a la 21 horas llegaron 6 generadores.
Los mecánicos que acudieron informaron a las familias de que los generadores tenian un depósito de 50 litros, los cuales debian dar energía a una media de 15 familias por generador, para lo cual el depósito duraría dia y medio aproximadamente. Tras dejarlos en sus correspondientes lugares, comunicaron que la instalación del cableado correria a cargo de las familias. Las familias respondieron que no disponían de las clavijas y los cables necesarios para realizar las instalaciones. Se contactó con los electricistas del Ayuntamiento para que esa misma noches les llevaran los materiales necesarios, para hacer efectiva la instalación. Sobre la 1 de la madrugada recibieron dichos materiales, siendo imposible realizar las conexiones hasta la mañana siguiente.

Paralelamente les dieron unos contratos con la empresa Repsol, responsable del repostamiento para que lo firmaran seis personas encargadas, sin que estuviera claro a que les comprometían dichos contratos. Las familias se negaron a firmar antes de resolver sus dudas.

El 25 de Junio comenzó la instalación del cableado y el enganche por parte de las propias familias. Acude al barrio Juan Pozas, director de Servicios Sociales Móstoles, para informar a las familias de que la firma de los contratos es un trámite imprescindible para que repsol realice la entrega de gasoleo, por lo que las familias firman los contratos.

En torno a las 14 horas comienzan de nuevo los problemas con los generadores. Las familias que se encuentran en esta situación de emergencia y necesidad desde hace seis días deben autorganizarse y realizar toda la instalación, hay generadores en los que se deben conectar 17 familias. Pero dichos generadores no tienen la capacidad necesaria para poner en funcionamiento los servicios básicos para todas las familias: nevera, luz y agua. Ni si quiera el generador en el que se ha tratado de conectar únicamente a 7 familias, tiene fuerza para ello.

Ayer día 27 de Junio se informa de que los generadores tienen una potencia media por familia de 1.700 Watios, es decir la mitad de la potencia mínima para una vivienda (3.300 watios). Al estar tan justa la potencia, en cuanto varias familias utilizan paralelamente las bombas de agua, porque una abre el grifo para lavar y otra tira de la cadena del WC, o encienden las placas a la vez para cocinar, se producen picos de potencia o se saltan los plomos. Estas subidas y bajadas de tensión pueden estropear los electrodomésticos (ya hay casos de bombas de agua estropeadas contando además con los alimentos que las familias han tenido que tirar durante la semana pasada, ya que no hubo preaviso de corte.) Además todo esto supone un incremento en el gasto de combustible respecto de lo que estaba previsto.

Por otra parte el gasto de combustible está siendo casi del doble de lo que estaba previsto (Estamos pendientes de hacer una estimación más precisa), y apenas dura un día (ya que los depósitos son de entre 50/75l y no de 450l como les habían dicho inicialmente), además hasta el momento no parece que se haya logrado una coordinación clara y eficiente con la administración y la empresa que los abastece. En este sentido, es importante tomar las medidas necesarias para que el gasoil se suministre de manera continua sin previa solicitud, o que puedan abastecerles para varios días.

A pesar de todas las dificultades las familias se están organizando, haciendo turnos para poner las lavadoras y apagando los generadores por la noche para gastar menos, aunque la situación está generado conflictos en la comunidad ya que resulta muy difícil ponerse de acuerdo con 15 familias cuando todos tienen las mismas necesidades.


 

lunes, 13 de junio de 2016

De vuelta a la Asamblea de Madrid

El lunes 13 de Junio una delegación de 3 personas participantes en la Asamblea de Vivienda Digna para Todas las Personas nos reunimos con Juan Rubio , responsable de vivienda de CIudadanos en la Asamblea de Madrid.
Como en anteriores encuentros con otros responsables políticos, presentamos el trabajo que se viene realizando desde la Asamblea para comprender la realidad quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad habitacional y la necesidad de buscar alternativas con las afectadas para que las propuestas que se hagan, en lo que a exclusión habitacional se refiere, sean realmente eficientes y duraderas a largo plazo.
Coincidimos en que, más allá de los casos individuales que nos movilizan a unos y a otras, es necesario revisar el sistema y la normativa que hace que a día de hoy muchas personas vean vulnerado el derecho a la vivienda. Pero para ello nada mejor que recojer aprendizajes de todos los años pasados de luchas compartidas. Así podemos descubrir como los realojos nunca se han atrevido a plantearse en serio la situación de los jóvenes que en esos momentos estaban independizándose de sus familias sin tener todavía antigüedad como para que se les reconociera el derecho a una vivienda propia, lo que les dejaba en tierra (o mejor dicho, en casa) de nadie; o como estos realojos suponen asumir que la institución que te da una vivienda pueda coartar tu libertad para hacer reuniones o acoger a familiares en tu casa; o como muchas, por miedo a la criminalización de la ocupación y sin casi medios económicos, se hacinan en viviendas precarias por no encontrar otra opción. 

Estas son realidades que no podemos negar ni hacer como si no existieran. Si queremos encontrar soluciones efectivas es necesario partir de la realidad, buscando vías de diálogo y participación con quienes siempre son dejados de lado.
Esto es lo que nos ha llevado a elaborar los cinco compromisos que desde Vivienda Digna para Todas, que compartimos con el responsable de vivienda de Ciudadanos en la CAM:

  • Hacer las políticas con las personas afectadas.
  • Reconocer que la vivienda es imprescindible para el acceso a otros derechos.
  • Desarrollar alternativas de vivienda adaptadas a las necesidades, ingresos y diferentes modelos de vida y comunidad.
  • Eliminar las barreras que impiden el acceso a una vivienda digna para las personas vulnerables.
  • Apoyar y no penalizar las alternativas que encuentra la gente mientras la administración no garantice el derecho a la vivienda.
El diálogo posterior con Juan Rubio se centró en gran medida en el tema de cómo articular la participación de colectivos excluidos en este tipo de procesos, especialmente en la cuestión del diagnóstico sobre la situación de necesidad de vivienda que hay en la región, sin quedarse solo en un inventario de recursos habitacionales. También nos compartió la propuesta que están desarrollando en torno a una ley que regule la existencia de una oficina de mediación en casos de desahucios. Una propuesta necesaria, pero que creemos que debe ir más allá, ya que se debe proponer un marco legal que garantice el acceso a la vivienda tanto en la región como a nivel nacional.

La reunión concluyó con el acuerdo mutuo de seguir en un diálogo propositivo, aunque remarcando la urgencia de conseguir cambios reales. Como dijo una de nuestras delegadas: "No queremos que no se cumplan, una vez más, las cosas". En ese camino de compromiso seguiremos empeñados/as.